Lo aprobaron en tiempo récord y ya genera polémica: la nueva ley que sacude al Congreso chileno
En menos de 48 horas y con una votación dividida, el Congreso chileno dio luz verde a una nueva ley de seguridad que promete cambiar la forma en que se enfrenta la delincuencia en el país. Pero no todos están convencidos: para algunos, se trata de una medida necesaria; para otros, de una peligrosa puerta abierta a abusos.
La iniciativa, que fue despachada este martes desde el Senado con 28 votos a favor y 15 en contra, recibió críticas incluso antes de su aprobación. Entre los puntos más cuestionados está el rol ampliado que se le otorga a las Fuerzas Armadas en labores de control interno y el endurecimiento de penas para manifestantes que "atenten contra el orden público".
¿Qué dice la nueva ley?
El proyecto, oficialmente conocido como Ley de Resguardo de Infraestructura Crítica, establece que el presidente podrá disponer el despliegue de militares sin necesidad de declarar estado de excepción. Esto, en la práctica, podría permitir su uso en zonas donde haya conflictos sociales o protestas, como ha ocurrido en La Araucanía o en episodios del estallido social de 2019.
Además, se endurecen penas por desórdenes públicos y daños a la propiedad, lo que para algunos sectores del oficialismo representa una forma de criminalizar la protesta.
Reacciones cruzadas: entre el "avance necesario" y el "retroceso democrático"
Desde la derecha celebraron la aprobación, destacando que se trata de una herramienta clave para combatir la creciente inseguridad en el país. "No se puede seguir tolerando actos vandálicos disfrazados de protesta", señaló el senador Juan Antonio Coloma (UDI).
En cambio, desde organizaciones de derechos humanos y partidos del Frente Amplio advirtieron que podría vulnerar garantías constitucionales. La diputada Gael Yeomans (CS) indicó: “Es un peligroso retroceso. El uso de militares para tareas de orden público debe ser siempre la última opción y bajo condiciones claras”.
¿Por qué ahora?
La tramitación express de esta ley ocurre en un clima marcado por el aumento en la percepción de inseguridad. Según la última encuesta Cadem, el 81% de los chilenos cree que la delincuencia ha aumentado durante el último año, y un 68% apoya el uso de militares en zonas urbanas “si se requiere”.
Además, se da en medio de un complejo escenario político para el Gobierno de Gabriel Boric, que ha tenido que ceder terreno en temas de seguridad para mantener gobernabilidad con sectores más conservadores del Congreso.
¿Qué viene ahora?
El Ejecutivo ya anunció que promulgará la ley en los próximos días, aunque advirtió que se implementará con protocolos estrictos. Organizaciones civiles y académicos adelantaron que podrían acudir al Tribunal Constitucional para revisar algunos artículos que, según argumentan, contravienen principios del derecho internacional.
Mientras tanto, distintas agrupaciones ya han convocado a manifestaciones en Santiago y regiones para este fin de semana.
¿Es esta la solución o el comienzo de un nuevo conflicto?
La aprobación de esta ley representa un punto de inflexión en la política de seguridad en Chile. Pero también abre preguntas clave: ¿cuál es el límite entre proteger a la ciudadanía y restringir libertades? ¿Se está respondiendo a la delincuencia o a la presión mediática y social?
La respuesta —como suele pasar en política— dependerá de cómo se aplique esta nueva norma en la práctica.
¿Estamos ante una solución real o solo un parche que puede terminar agravando el conflicto social?
